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La reforma del proceso de nulidad un año después

Un año después de la entrada en vigor de la reforma del proceso de nulidad de matrimonio introducida por el Papa Francisco mediante el Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, parece conveniente recordar algunos aspectos esenciales de esta reforma:

La intención del Papa ha sido eliminar las barreras que los fieles percibían como obstáculos para acudir a un tribunal eclesiástico: la distancia geográfica (ahora se puede elegir el tribunal más cercano al domicilio del demandante); la dificultad que puede suponer el coste económico del proceso (el Papa pide que, en la medida de lo posible, los procesos sean gratuitos); y la duración de los procesos: con el fin de agilizar la tramitación, el Papa elimina la necesidad de obtener una doble sentencia. De este modo, si la sentencia del tribunal de primera instancia declara que consta la nulidad del matrimonio ya no es necesario pasar automáticamente al tribunal superior para que confirme esa sentencia; salvo apelación del defensor del vínculo o de una de las partes, derecho de apelación que es consecuencia del respeto a la indisolubilidad del matrimonio. Precisamente para garantizar la tutela debida del bien de la indisolubilidad del matrimonio, al desaparecer la necesidad de la doble sentencia se exige del defensor del vínculo una mayor diligencia si, en conciencia y con razones fundadas, debe ejercer el derecho/deber de apelar.

La reforma introduce también la posibilidad de un proceso más breve ante el obispo, que puede plantearse si se dan dos condiciones: que ambos cónyuges presenten la demanda conjuntamente o uno con el consentimiento del otro. Y la segunda condición es que, de las pruebas que se aporten con la demanda, la nulidad sea manifiesta. En estos procesos es el propio obispo quien, si alcanza la certeza moral sobre la nulidad del matrimonio, da la sentencia.

La reforma refuerza la conciencia de la dimensión pastoral del proceso y del trabajo de los tribunales eclesiásticos; y pone el acento en la responsabilidad del obispo como juez no sólo en los procesos más breves, ya que también es responsable de que en el funcionamiento del tribunal se respete el principio de la indisolubilidad del vínculo matrimonial porque “en virtud de su oficio pastoral es con Pedro el mayor garante de la unidad católica en la fe y la disciplina”.

Desde mi punto de vista, con esta reforma el Papa ha sido muy exigente ya que espera de todos los que de una u otra forma trabajamos en los procesos de declaración de nulidad de matrimonio que lo hagamos de forma responsable, profesional, trabajando con rapidez y al mismo tiempo con justicia y verdad, en fidelidad al Magisterio y la ley de la Iglesia. Es fácil decirlo, pero no tanto aplicarlo.

 

 

Entra en vigor la reforma del proceso canónico

El próximo día 8 de diciembre de 2015 entra en vigor la reforma del proceso canónico para las causas de declaración de nulidad del matrimonio establecida por el Papa Francisco en el Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus.

La reforma es consecuencia de la conciencia que hay en la Iglesia, desde el pontificado de Benedicto XVI, de la necesidad de agilizar los procesos para que los fieles puedan conocer lo más rápidamente posible cuál es su situación personal; siempre teniendo claro que la rapidez no puede ir en detrimento de la verdad y, por tanto, del respeto a la indisolubilidad del matrimonio.

Qué cosas no cambian con esta reforma:

En principio se mantiene gran parte del proceso tal y como estaba regulado: no se crean nuevas causas o motivos por los que un matrimonio puede ser declarado nulo; se mantiene el carácter declarativo de las sentencias, la naturaleza judicial del proceso, la intervención del Defensor del Vínculo y el derecho de apelación de las partes y del Defensor del Vínculo. También se mantiene como principio general que el Tribunal debe estar formado por tres jueces.

Novedades:

Se refuerza la conciencia de la dimensión pastoral del proceso y del trabajo de los tribunales, que debe insertarse en la pastoral familiar diocesana. Y se revaloriza el papel del Obispo como juez de la Diócesis, bien juzgando directamente, bien a través de la constitución del tribunal y la designación de sus miembros (con formación técnica y sensibilidad pastoral), estableciendo asimismo el deber del Obispo de “seguir con afán apostólico a los cónyuges separados o divorciados que por su condición de vida han abandonado eventualmente la práctica religiosa”. Se amplía la posibilidad de nombrar jueces laicos para formar el tribunal colegial siempre que el presidente sea un juez clérigo; y, en caso de no poder constituir un tribunal de tres jueces, cabe nombrar un único juez clérigo.

Cambios principales:

Se suprime la necesidad de la doble sentencia conforme: si la sentencia del tribunal de primera instancia declara que consta la nulidad de un matrimonio, esa sentencia será firme y ejecutiva sin necesidad de ser confirmada por un tribunal superior, salvo apelación de una de las partes o del Defensor del Vínculo.

Se introduce la posibilidad de un proceso más breve, ante el Obispo, siempre que se cumplan unos requisitos muy estrictos que deben darse, además, simultáneamente: la demanda debe ser presentada por ambos cónyuges o por uno con consentimiento del otro; y, de las pruebas aportadas con la demanda, la nulidad debe ser evidente. En este proceso, la sentencia es del Obispo, si llega a la certeza moral de la nulidad del matrimonio; en caso contrario, la causa pasa a tramitarse por el proceso ordinario. La sentencia del Obispo es apelable por las partes y por el Defensor del Vínculo.

Estas normas, como ya se ha dicho, entran en vigor el próximo día 8 de diciembre y, por tanto, las sentencias afirmativas de la nulidad que se publiquen a partir de esa fecha no pasarán a segunda instancia si no hay apelación.

La reforma establece otro cambio que, probablemente, tardará un poco más en ponerse en marcha: procurar, en la medida de lo posible, que los procesos sean gratuitos. Si bien hay que recordar que en España nadie se queda sin ser atendido por un Tribunal Eclesiástico por motivos económicos.

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