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El Señor ama la justicia y el derecho

Se cumple un año de la reforma del proceso canónico de declaración de nulidad de matrimonio introducida por el Papa Francisco con el Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus.

Una correcta aplicación de las normas implica, necesariamente, un adecuado conocimiento de las mismas. Y en este año se ha puesto de manifiesto, nuevamente, el gran desconocimiento del derecho matrimonial y procesal canónico por parte no sólo de los medios de comunicación (incluso los teóricamente especializados) sino de las mismas Curias Diocesanas y los agentes de pastoral. Desconocimiento que sólo contribuye a aumentar la confusión de los fieles.

 

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Digo esto porque cada vez son más frecuentes los equívocos que se producen cuando los fieles se acercan a preguntar por algún aspecto del nuevo proceso de declaración de nulidad: una respuesta dada desde la buena voluntad pero sin un real conocimiento del proceso crea expectativas en las personas que no se corresponden con la realidad; y es causa de sufrimiento en quienes acuden a los tribunales y ven frustradas sus esperanzas de celeridad en la tramitación del proceso, ampliación de los motivos por los que un matrimonio puede ser declarado nulo….  También es fuente de equívocos la información aparentemente correcta, pero parcial: por ejemplo, es cierto que con la reforma del proceso desaparece la necesidad de la doble sentencia por lo que si el tribunal de primera instancia declara que consta la nulidad de un matrimonio, esa sentencia será firme y ejecutiva sin necesidad de ser confirmada por un tribunal superior; pero se obvia tener en cuenta que esto es así “salvo apelación de una de las partes o del Defensor del Vínculo”. Y sucede que, en caso de apelación, los fieles se sienten de alguna manera engañados porque no contaban con la posibilidad de tener que pasar por una segunda instancia.

La solución es, desde mi punto de vista, tener presente que el Derecho (también el procesal) es una herramienta pastoral. Y “En esta perspectiva, es importante que haya una toma de conciencia aún más incisiva sobre la responsabilidad en esta materia de aquellos que tienen cura de almas. El derecho canónico en general, y especialmente el matrimonial y procesal, requieren ciertamente una preparación particular, pero el conocimiento de los aspectos básicos y de los inmediatamente prácticos del derecho canónico, relativos a las propias funciones, constituye una exigencia formativa de relevancia primordial para todos los agentes pastorales, en especial para aquellos que actúan en la pastoral familiar.” (Benedicto XVI Discurso al Tribunal de la Rota Romana Sábado 22 de enero de 2011 http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2011/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20110122_rota-romana.html)

Acoger, aconsejar y responder a las preguntas y dificultades de quienes se plantean iniciar un proceso de declaración de nulidad de matrimonio o ya están pasando por él es algo muy serio, que tiene consecuencias en la vida de las personas y puede ayudar a sanar heridas o añadir dolor sobre sufrimiento previo; por eso necesita un mínimo de conocimientos técnicos o, al menos, la prudencia de decir: me voy a enterar bien, vuelva usted cuando pueda darle las respuestas ciertas que usted merece.

El abogado en los procesos de declaración de nulidad de matrimonio

Un aspecto esencial en los procesos de declaración de nulidad de matrimonio es el trabajo del abogado; personalmente creo que no siempre se conoce ni valora suficientemente su labor, que es una ayuda valiosísima en el trabajo de los tribunales de la Iglesia.

El abogado tiene una función fundamental en la fase prejudicial: antes de la presentación de la demanda es necesario un estudio minucioso y detallado de la historia personal y matrimonial de la persona que consulta; y esto exige dedicar largas horas a escuchar a la persona para, posteriormente, estudiar si en lo relatado hay o no indicios de una posible nulidad del matrimonio. Por tanto, la capacidad de escucha debe combinarse con la pericia técnica (conocimientos específicos de derecho matrimonial y procesal canónico).

Una vez estudiados los hechos, llega otro momento importante y delicado en la labor del abogado: la coherencia y profesionalidad exigen exponer con sinceridad si se encuentran o no motivos suficientes para iniciar un proceso de declaración de nulidad. Si no se encuentran, habrá que explicar a la persona que, de su relato, lo que se deduce es que su matrimonio es válido; y será conveniente remitirle a la ayuda (no estrictamente jurídica) que pueda necesitar para asimilarlo.

Si el abogado encuentra indicios suficientes para iniciar un proceso de declaración de nulidad, tendrá que investigar si es posible probarlo, antes de presentar la demanda. Esto es crucial para el proceso y exige de nuevo una gran dedicación por parte del abogado para recabar esas pruebas. Como vemos hay que hacer un trabajo serio, con delicadeza y pericia técnica y una considerable dedicación de tiempo: todo ello sin haber empezado el proceso.

La redacción de la demanda es otro momento determinante: hay que relatar los hechos con respeto y siempre de forma no ofensiva para las partes; y alegar el capítulo de nulidad que corresponda a esos hechos. Una demanda incorrectamente redactada o en la que el capítulo de nulidad que se alegue no sea correcto tendrá repercusiones negativas en el resto del proceso, que posiblemente se complicará y alargará en el tiempo.

En la labor del abogado hay también un importante aspecto de acompañamiento de la persona que consulta, que llega en una situación de dificultad, generalmente con un notable grado de sufrimiento personal y con temor a enfrentarse a un proceso que no suele conocerse bien. Hay que disipar dudas, explicar cada paso procesal, frenar las impaciencias, no crear falsas expectativas… todo ello con una adecuada cualificación técnica.

Si el abogado hace bien su trabajo, todo el proceso se beneficia de esta labor; si no lo hace bien, también todo el proceso se verá afectado. Por eso es tan importante reconocer el trabajo que hacen y agradecer su colaboración con los tribunales en la búsqueda de la verdad.

Reforma del proceso de nulidad: una dimensión pastoral

El pasado 8 de diciembre de 2015 entró en vigor la reforma del proceso de declaración de nulidad de matrimonio establecida por el Papa Francisco en el Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus

En conformidad con la nueva regulación los tribunales ya han introducido cambios: tal vez el más llamativo es la revisión (a la baja) o eliminación total de las tasas, que ha producido ya un aumento de las personas que acuden al tribunal solicitando información para iniciar un proceso; inicio que es ahora más sencillo dado que se puede acudir al tribunal más cercano al domicilio del demandante. Además, las sentencias afirmativas de la nulidad dictadas por un tribunal de primera instancia ya no se envían automáticamente al tribunal superior, sino que son firmes y ejecutivas si no hay apelación de las partes o el defensor del vínculo.

Todo esto está muy bien: se logra en parte el objetivo de facilitar a los fieles el acceso a los tribunales de la Iglesia, acelerar la tramitación de los procesos (aunque tal vez se produzca un colapso, consecuencia de un aumento significativo del trabajo si debe ser realizado con los mismos medios y número de jueces) y que los fieles puedan tener respuesta sobre su situación personal en el menor tiempo posible, respetando siempre la verdad sobre el matrimonio.

Pero en la reforma del Papa Francisco hay otra dimensión que tal vez está pasando desapercibida: el Papa establece unas reglas para la correcta aplicación de la ley. En ellas se refuerza la conciencia de la dimensión pastoral del proceso y del trabajo de los tribunales y se recuerda expresamente el deber del Obispo (can. 383§1) de “acompañar con ánimo apostólico a los cónyuges separados o divorciados, que por su condición de vida hayan eventualmente abandonado la práctica religiosa. Por lo tanto, comparte con los párrocos (cf. can. 529§1) la solicitud pastoral hacia estos fieles en dificultad” (art. 1)

Estas normas disponen la posibilidad de que las diócesis establezcan una “estructura estable” a través de la cual se preste a los fieles el servicio de acompañamiento e investigación de su situación, por si fuera posible iniciar un proceso de declaración de nulidad. Servicio de consulta e investigación que será confiado por el Obispo “a personas consideradas idóneas, dotadas de competencias no sólo exclusivamente jurídico-canónicas” (art. 3)

Lo que quiero resaltar es que sin la aplicación de esta dimensión pastoral de la reforma, los cambios serán insuficientes: el Papa está exigiendo (no olvidemos que son normas jurídicas) que en las diócesis exista un servicio integrado en la pastoral familiar, formado por personas con preparación no sólo (pero también) canónica al servicio de las personas que se han alejado de la práctica religiosa como consecuencia de su situación matrimonial. En mi opinión, este acompañamiento (acogida, cercanía, escucha, búsqueda de soluciones y sanación de las heridas y, en su caso, preparación para acudir a un tribunal) podría hacerse desde los centros de orientación familiar. Pero hace falta un empeño, una voluntad clara, de promover los centros de orientación familiar, formar personas competentes, dar a conocer toda la ayuda que la orientación familiar presta y mejorar la formación de los sacerdotes para que conozcan todo esto y lo expliquen a los fieles. Es una tarea pendiente, pero el Papa lo pide: no se puede cumplir la ley a medias, hay que ponerla en práctica en su integridad.

 

Entra en vigor la reforma del proceso canónico

El próximo día 8 de diciembre de 2015 entra en vigor la reforma del proceso canónico para las causas de declaración de nulidad del matrimonio establecida por el Papa Francisco en el Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus.

La reforma es consecuencia de la conciencia que hay en la Iglesia, desde el pontificado de Benedicto XVI, de la necesidad de agilizar los procesos para que los fieles puedan conocer lo más rápidamente posible cuál es su situación personal; siempre teniendo claro que la rapidez no puede ir en detrimento de la verdad y, por tanto, del respeto a la indisolubilidad del matrimonio.

Qué cosas no cambian con esta reforma:

En principio se mantiene gran parte del proceso tal y como estaba regulado: no se crean nuevas causas o motivos por los que un matrimonio puede ser declarado nulo; se mantiene el carácter declarativo de las sentencias, la naturaleza judicial del proceso, la intervención del Defensor del Vínculo y el derecho de apelación de las partes y del Defensor del Vínculo. También se mantiene como principio general que el Tribunal debe estar formado por tres jueces.

Novedades:

Se refuerza la conciencia de la dimensión pastoral del proceso y del trabajo de los tribunales, que debe insertarse en la pastoral familiar diocesana. Y se revaloriza el papel del Obispo como juez de la Diócesis, bien juzgando directamente, bien a través de la constitución del tribunal y la designación de sus miembros (con formación técnica y sensibilidad pastoral), estableciendo asimismo el deber del Obispo de “seguir con afán apostólico a los cónyuges separados o divorciados que por su condición de vida han abandonado eventualmente la práctica religiosa”. Se amplía la posibilidad de nombrar jueces laicos para formar el tribunal colegial siempre que el presidente sea un juez clérigo; y, en caso de no poder constituir un tribunal de tres jueces, cabe nombrar un único juez clérigo.

Cambios principales:

Se suprime la necesidad de la doble sentencia conforme: si la sentencia del tribunal de primera instancia declara que consta la nulidad de un matrimonio, esa sentencia será firme y ejecutiva sin necesidad de ser confirmada por un tribunal superior, salvo apelación de una de las partes o del Defensor del Vínculo.

Se introduce la posibilidad de un proceso más breve, ante el Obispo, siempre que se cumplan unos requisitos muy estrictos que deben darse, además, simultáneamente: la demanda debe ser presentada por ambos cónyuges o por uno con consentimiento del otro; y, de las pruebas aportadas con la demanda, la nulidad debe ser evidente. En este proceso, la sentencia es del Obispo, si llega a la certeza moral de la nulidad del matrimonio; en caso contrario, la causa pasa a tramitarse por el proceso ordinario. La sentencia del Obispo es apelable por las partes y por el Defensor del Vínculo.

Estas normas, como ya se ha dicho, entran en vigor el próximo día 8 de diciembre y, por tanto, las sentencias afirmativas de la nulidad que se publiquen a partir de esa fecha no pasarán a segunda instancia si no hay apelación.

La reforma establece otro cambio que, probablemente, tardará un poco más en ponerse en marcha: procurar, en la medida de lo posible, que los procesos sean gratuitos. Si bien hay que recordar que en España nadie se queda sin ser atendido por un Tribunal Eclesiástico por motivos económicos.

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