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La reforma del proceso de nulidad un año después

Un año después de la entrada en vigor de la reforma del proceso de nulidad de matrimonio introducida por el Papa Francisco mediante el Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, parece conveniente recordar algunos aspectos esenciales de esta reforma:

La intención del Papa ha sido eliminar las barreras que los fieles percibían como obstáculos para acudir a un tribunal eclesiástico: la distancia geográfica (ahora se puede elegir el tribunal más cercano al domicilio del demandante); la dificultad que puede suponer el coste económico del proceso (el Papa pide que, en la medida de lo posible, los procesos sean gratuitos); y la duración de los procesos: con el fin de agilizar la tramitación, el Papa elimina la necesidad de obtener una doble sentencia. De este modo, si la sentencia del tribunal de primera instancia declara que consta la nulidad del matrimonio ya no es necesario pasar automáticamente al tribunal superior para que confirme esa sentencia; salvo apelación del defensor del vínculo o de una de las partes, derecho de apelación que es consecuencia del respeto a la indisolubilidad del matrimonio. Precisamente para garantizar la tutela debida del bien de la indisolubilidad del matrimonio, al desaparecer la necesidad de la doble sentencia se exige del defensor del vínculo una mayor diligencia si, en conciencia y con razones fundadas, debe ejercer el derecho/deber de apelar.

La reforma introduce también la posibilidad de un proceso más breve ante el obispo, que puede plantearse si se dan dos condiciones: que ambos cónyuges presenten la demanda conjuntamente o uno con el consentimiento del otro. Y la segunda condición es que, de las pruebas que se aporten con la demanda, la nulidad sea manifiesta. En estos procesos es el propio obispo quien, si alcanza la certeza moral sobre la nulidad del matrimonio, da la sentencia.

La reforma refuerza la conciencia de la dimensión pastoral del proceso y del trabajo de los tribunales eclesiásticos; y pone el acento en la responsabilidad del obispo como juez no sólo en los procesos más breves, ya que también es responsable de que en el funcionamiento del tribunal se respete el principio de la indisolubilidad del vínculo matrimonial porque “en virtud de su oficio pastoral es con Pedro el mayor garante de la unidad católica en la fe y la disciplina”.

Desde mi punto de vista, con esta reforma el Papa ha sido muy exigente ya que espera de todos los que de una u otra forma trabajamos en los procesos de declaración de nulidad de matrimonio que lo hagamos de forma responsable, profesional, trabajando con rapidez y al mismo tiempo con justicia y verdad, en fidelidad al Magisterio y la ley de la Iglesia. Es fácil decirlo, pero no tanto aplicarlo.

 

 

El abogado en los procesos de declaración de nulidad de matrimonio

Un aspecto esencial en los procesos de declaración de nulidad de matrimonio es el trabajo del abogado; personalmente creo que no siempre se conoce ni valora suficientemente su labor, que es una ayuda valiosísima en el trabajo de los tribunales de la Iglesia.

El abogado tiene una función fundamental en la fase prejudicial: antes de la presentación de la demanda es necesario un estudio minucioso y detallado de la historia personal y matrimonial de la persona que consulta; y esto exige dedicar largas horas a escuchar a la persona para, posteriormente, estudiar si en lo relatado hay o no indicios de una posible nulidad del matrimonio. Por tanto, la capacidad de escucha debe combinarse con la pericia técnica (conocimientos específicos de derecho matrimonial y procesal canónico).

Una vez estudiados los hechos, llega otro momento importante y delicado en la labor del abogado: la coherencia y profesionalidad exigen exponer con sinceridad si se encuentran o no motivos suficientes para iniciar un proceso de declaración de nulidad. Si no se encuentran, habrá que explicar a la persona que, de su relato, lo que se deduce es que su matrimonio es válido; y será conveniente remitirle a la ayuda (no estrictamente jurídica) que pueda necesitar para asimilarlo.

Si el abogado encuentra indicios suficientes para iniciar un proceso de declaración de nulidad, tendrá que investigar si es posible probarlo, antes de presentar la demanda. Esto es crucial para el proceso y exige de nuevo una gran dedicación por parte del abogado para recabar esas pruebas. Como vemos hay que hacer un trabajo serio, con delicadeza y pericia técnica y una considerable dedicación de tiempo: todo ello sin haber empezado el proceso.

La redacción de la demanda es otro momento determinante: hay que relatar los hechos con respeto y siempre de forma no ofensiva para las partes; y alegar el capítulo de nulidad que corresponda a esos hechos. Una demanda incorrectamente redactada o en la que el capítulo de nulidad que se alegue no sea correcto tendrá repercusiones negativas en el resto del proceso, que posiblemente se complicará y alargará en el tiempo.

En la labor del abogado hay también un importante aspecto de acompañamiento de la persona que consulta, que llega en una situación de dificultad, generalmente con un notable grado de sufrimiento personal y con temor a enfrentarse a un proceso que no suele conocerse bien. Hay que disipar dudas, explicar cada paso procesal, frenar las impaciencias, no crear falsas expectativas… todo ello con una adecuada cualificación técnica.

Si el abogado hace bien su trabajo, todo el proceso se beneficia de esta labor; si no lo hace bien, también todo el proceso se verá afectado. Por eso es tan importante reconocer el trabajo que hacen y agradecer su colaboración con los tribunales en la búsqueda de la verdad.

Reforma del proceso de nulidad: una dimensión pastoral

El pasado 8 de diciembre de 2015 entró en vigor la reforma del proceso de declaración de nulidad de matrimonio establecida por el Papa Francisco en el Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus

En conformidad con la nueva regulación los tribunales ya han introducido cambios: tal vez el más llamativo es la revisión (a la baja) o eliminación total de las tasas, que ha producido ya un aumento de las personas que acuden al tribunal solicitando información para iniciar un proceso; inicio que es ahora más sencillo dado que se puede acudir al tribunal más cercano al domicilio del demandante. Además, las sentencias afirmativas de la nulidad dictadas por un tribunal de primera instancia ya no se envían automáticamente al tribunal superior, sino que son firmes y ejecutivas si no hay apelación de las partes o el defensor del vínculo.

Todo esto está muy bien: se logra en parte el objetivo de facilitar a los fieles el acceso a los tribunales de la Iglesia, acelerar la tramitación de los procesos (aunque tal vez se produzca un colapso, consecuencia de un aumento significativo del trabajo si debe ser realizado con los mismos medios y número de jueces) y que los fieles puedan tener respuesta sobre su situación personal en el menor tiempo posible, respetando siempre la verdad sobre el matrimonio.

Pero en la reforma del Papa Francisco hay otra dimensión que tal vez está pasando desapercibida: el Papa establece unas reglas para la correcta aplicación de la ley. En ellas se refuerza la conciencia de la dimensión pastoral del proceso y del trabajo de los tribunales y se recuerda expresamente el deber del Obispo (can. 383§1) de “acompañar con ánimo apostólico a los cónyuges separados o divorciados, que por su condición de vida hayan eventualmente abandonado la práctica religiosa. Por lo tanto, comparte con los párrocos (cf. can. 529§1) la solicitud pastoral hacia estos fieles en dificultad” (art. 1)

Estas normas disponen la posibilidad de que las diócesis establezcan una “estructura estable” a través de la cual se preste a los fieles el servicio de acompañamiento e investigación de su situación, por si fuera posible iniciar un proceso de declaración de nulidad. Servicio de consulta e investigación que será confiado por el Obispo “a personas consideradas idóneas, dotadas de competencias no sólo exclusivamente jurídico-canónicas” (art. 3)

Lo que quiero resaltar es que sin la aplicación de esta dimensión pastoral de la reforma, los cambios serán insuficientes: el Papa está exigiendo (no olvidemos que son normas jurídicas) que en las diócesis exista un servicio integrado en la pastoral familiar, formado por personas con preparación no sólo (pero también) canónica al servicio de las personas que se han alejado de la práctica religiosa como consecuencia de su situación matrimonial. En mi opinión, este acompañamiento (acogida, cercanía, escucha, búsqueda de soluciones y sanación de las heridas y, en su caso, preparación para acudir a un tribunal) podría hacerse desde los centros de orientación familiar. Pero hace falta un empeño, una voluntad clara, de promover los centros de orientación familiar, formar personas competentes, dar a conocer toda la ayuda que la orientación familiar presta y mejorar la formación de los sacerdotes para que conozcan todo esto y lo expliquen a los fieles. Es una tarea pendiente, pero el Papa lo pide: no se puede cumplir la ley a medias, hay que ponerla en práctica en su integridad.

 

Entra en vigor la reforma del proceso canónico

El próximo día 8 de diciembre de 2015 entra en vigor la reforma del proceso canónico para las causas de declaración de nulidad del matrimonio establecida por el Papa Francisco en el Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus.

La reforma es consecuencia de la conciencia que hay en la Iglesia, desde el pontificado de Benedicto XVI, de la necesidad de agilizar los procesos para que los fieles puedan conocer lo más rápidamente posible cuál es su situación personal; siempre teniendo claro que la rapidez no puede ir en detrimento de la verdad y, por tanto, del respeto a la indisolubilidad del matrimonio.

Qué cosas no cambian con esta reforma:

En principio se mantiene gran parte del proceso tal y como estaba regulado: no se crean nuevas causas o motivos por los que un matrimonio puede ser declarado nulo; se mantiene el carácter declarativo de las sentencias, la naturaleza judicial del proceso, la intervención del Defensor del Vínculo y el derecho de apelación de las partes y del Defensor del Vínculo. También se mantiene como principio general que el Tribunal debe estar formado por tres jueces.

Novedades:

Se refuerza la conciencia de la dimensión pastoral del proceso y del trabajo de los tribunales, que debe insertarse en la pastoral familiar diocesana. Y se revaloriza el papel del Obispo como juez de la Diócesis, bien juzgando directamente, bien a través de la constitución del tribunal y la designación de sus miembros (con formación técnica y sensibilidad pastoral), estableciendo asimismo el deber del Obispo de “seguir con afán apostólico a los cónyuges separados o divorciados que por su condición de vida han abandonado eventualmente la práctica religiosa”. Se amplía la posibilidad de nombrar jueces laicos para formar el tribunal colegial siempre que el presidente sea un juez clérigo; y, en caso de no poder constituir un tribunal de tres jueces, cabe nombrar un único juez clérigo.

Cambios principales:

Se suprime la necesidad de la doble sentencia conforme: si la sentencia del tribunal de primera instancia declara que consta la nulidad de un matrimonio, esa sentencia será firme y ejecutiva sin necesidad de ser confirmada por un tribunal superior, salvo apelación de una de las partes o del Defensor del Vínculo.

Se introduce la posibilidad de un proceso más breve, ante el Obispo, siempre que se cumplan unos requisitos muy estrictos que deben darse, además, simultáneamente: la demanda debe ser presentada por ambos cónyuges o por uno con consentimiento del otro; y, de las pruebas aportadas con la demanda, la nulidad debe ser evidente. En este proceso, la sentencia es del Obispo, si llega a la certeza moral de la nulidad del matrimonio; en caso contrario, la causa pasa a tramitarse por el proceso ordinario. La sentencia del Obispo es apelable por las partes y por el Defensor del Vínculo.

Estas normas, como ya se ha dicho, entran en vigor el próximo día 8 de diciembre y, por tanto, las sentencias afirmativas de la nulidad que se publiquen a partir de esa fecha no pasarán a segunda instancia si no hay apelación.

La reforma establece otro cambio que, probablemente, tardará un poco más en ponerse en marcha: procurar, en la medida de lo posible, que los procesos sean gratuitos. Si bien hay que recordar que en España nadie se queda sin ser atendido por un Tribunal Eclesiástico por motivos económicos.

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